Colaboró Juan Carlos Pérez Herra – Politólogo y administrador de empresas

Son conocidos los efectos transformadores de las pandemias en la historia de la humanidad,  especialmente en materia de gobernabilidad, ya que su impacto inicial en lo económico, desestabiliza rápidamente el sistema político. Así que buscar la estabilidad del sistema es lo prioritario, siendo los principales indicadores para actuar los asociados con el crecimiento del PBI, índice de desempleo, financiamiento sostenible del gobierno, deuda pública y número de jornadas perdidas por huelga.

El Covid-19 dejó al descubierto las grandes debilidades que padece el Estado costarricense, tanto desde la óptica de sostenibilidad financiera, como de sus capacidades reales para atender las demandas sociales acumuladas con el tiempo. Los indicadores citados advierten sobre la inestabilidad creciente, en medio del inicio de un ciclo electoral que agota con discursos evasivos la energía necesaria para el cambio.    

Todo lo anterior tiende a debilitar las capacidades del aparato de gobierno para construir una estrategia de gobernabilidad democrática que integre aspectos económicos, políticos, sociales y medioambientales.

En este orden de ideas, urge repensar la estrategia de sostenibilidad financiera del Estado, con el fin de hacerlo menos vulnerable a los procesos recesivos de la economía mundial. Lo que obliga a una reforma fiscal paulatina que transforme la estructura tributaria hacia un mayor peso de los impuestos progresivos en el total de la recaudación. La actual estructura tributaria es muy endeble a las fluctuaciones de la economía mundial, sobre todo cuando lo primero es la caída del consumo, generando crisis fiscales recurrentes con efectos asfixiantes en el endeudamiento público.

Por otra parte, es central poner atención a los cambios que está provocando la pandemia en la relocalización de los proveedores estratégicos de las economías avanzadas. Ello implica mejoras para elevar la calidad del capital humano, lo que conlleva una profunda reforma del sistema educativo. Nuestro país invierte un 7% del PIB en ese renglón, con resultados decepcionantes de acuerdo con el Índice de Capital Humano del Banco Mundial, en contraposición con el 5% del PIB de la OCDE.

Este proceso tiene que ir acompañado de una marco regulatorio que favorezca los encadenamientos con las empresas que se encuentran en régimen especial, como mecanismo para potenciar la transferencia de tecnología y la adopción de las mejores prácticas administrativas en las empresas locales.

En lo social, la primacía recae sobre una reingeniería del conjunto de instituciones que conforman el sector público, ya que su efectividad es muy limitada y un porcentaje importante de los recursos asignados se filtran por los vericuetos de sus múltiples estructuras organizacionales.

Un estudio del BID, de 2018, titulado “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”, profundizó detalladamente en este punto. Llevando a la conclusión de que dicha reingeniería involucra cierre de instituciones, revisión y eliminación de procesos que no generan valor público, reducción de burocracia, y mayor seguimiento y control sobre la asignación e impacto real de los recursos dedicados a lo social.

En lo político es obligado retomar la discusión sobre la conveniencia de un sistema parlamentario, mediante las reformas constituciones necesarias para impulsar los partidos políticos programáticos, modernos, robustos, lejos de las maquinarias electorales actuales, capaces de articular las demandas de una sociedad más compleja y dinámica. Lo que requiere de procesos electorales de medio período, como mecanismo de control a la labor que desempeñan los legisladores.

Finalmente, una estrategia de gobernabilidad democrática es imposible sin tener presente lo ambiental. Nuestro país ha sido líder mundial en la protección de casi un 30% del territorio nacional. Pero ello se tiene que traducir en pautas culturales proclives al reciclaje, ciudades verdes, medios de transporte propulsados por energías renovables. En otras palabras, teniendo como eje para la toma de decisiones en materia de desarrollo, la sostenibilidad ambiental del modelo.

Las crisis nos hacen conscientes de lo vulnerable que somos a los cambios de nuestro entorno, ya que exacerban los conflictos sociales como producto de las limitadas capacidades del Estado en materia de gobernabilidad. La pandemia es una oportunidad para emprender las reformas necesarias, de lo contrario los efectos en el mediano plazo serán devastadores.

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